La Salud es un bien no tangible y su concepción se alimenta de percepciones particulares, pero esas cargas subjetivas no pueden condicionar la evaluación de la eficiencia de un sistema de salud, pues cada una de ellas está asociada al sentir y estar de cada individuo en determinada circunstancia.
Por eso, al hablar de ética en un sector tan vilipendiado como el que tenemos hoy en Colombia, es imperativo realizar una pedagogía permanente frente a lo que significa la eficiencia, rentabilidad, acceso y cobertura, y su relación directa con equidad, justicia y ética; así mismo, poder trasladar la comprensión de cómo las limitaciones y exclusiones son necesarias en cualquier sistema del mundo en el que los recursos no son ilimitados.
En consecuencia, hay un paradigma que se debe romper en el imaginario colectivo, y es el que los servicios de salud deben ser financiados en su totalidad por el Estado. Los usuarios son responsables de no aumentar innecesariamente los costos y no comprometer el bienestar de su comunidad por falta de hábitos saludables, pues quien irresponsablemente lo haga, está obligando a la sociedad en general a aumentar la contribución; por tanto, debe haber una proporción entre el colectivismo y el individualismo para pensar en un sistema solidario.
Mucho se ha hablado sobre la ética de los profesionales de la salud y su relación con el paciente, pero este tema es realmente amplio y compromete a todos los actores del sistema, incluso a los usuarios, por eso darle un mirada más amplia contribuirá a que cuando pensemos en ética, la asociemos con eficiencia en la gestión de TODOS y no sólo con un aspecto moralista.
Por tanto, cualquiera que sea la concepción, los dilemas son claros. Los ciudadanos tienen un derecho a un servicio, siempre y cuando el sistema permita incorporar su costo, y en consecuencia, el ciudadano tiene el deber de contribuir economicamente para resolver su problema de salud. De otro lado, el Gobierno debe proveer un flujo oportuno de los recursos; y los actores del sistema deben garantizar un acceso efectivo a los servicios y una racionalización lógica y científica de estos servicios, ya que es claro que las necesidades en salud son superiores a los recursos existentes.
Por tanto, se debe dar el debate público y transparente del control de los costos de salud, y que tal control no obedezca a prácticas de colusión ni a condicionamientos de la demanda, sino que esté basado en el plan de beneficios, que es el mínimo social; y cuando se requiera un tratamiento con nueva tecnología debe fundamentarse en la evidencia científica. Ese es el principal reto que tenemos como sociedad: hablar de manera transparente sobre cómo controlar los gastos, porque esta es la única manera de defender el derecho constitucional, y es aquí donde la relación gasto en salud y resultados en salud, cobra relevancia.
De otro lado, al no poderse incrementar los aportes para financiar el sistema de salud que todos quieren, tanto aseguradores como prestadores en su relación, deben tener el derecho de poder escoger libremente al aliado que en su relación calidad, resultados en salud y satisfacción del usuario, le provea mayores rendimientos, y esto implica que necesariamente habrán unos incentivos ligados a quien preste el mejor servicio.
Referente a la cobertura y su relación con el acceso, también encontramos otro dilema, y está ligado con los siguientes cuestionamientos: ¿El gasto en salud que se destina para ampliar el aseguramiento, realmente está teniendo incidencia en el acceso efectivo? ¿Este acceso efectivo está resolviendo los problemas de salud? ¿Los problemas de salud que se resuelven, está aumentando la calidad de vida? Y, finalmente, ¿esa calidad de vida está incrementando el desarrollo del país?.
Entonces, no sólo se trata de comprender estos dilemas de manera superficial o satanizando a ciertos actores, sino entendiendo que la salud se convierte en “negocio” para el Estado, cuando aseguradores, prestadores, afiliados y Gobierno, se pongan de acuerdo en operar un sistema que incremente la rentabilidad social, y a su vez la rentabilidad económica para el país, porque ciudadanos sanos serán más productivos.
Por tanto, es necesario empezar a hablarle a la sociedad con transparencia de los lucros éticamente permitidos, porque cuando acabemos realmente los mitos sobre este tema, estaremos actuando de manera más responsable frente a una sociedad que espera mantener la garantía de un acceso efectivo a los servicios de salud, pues es claro que el aseguramiento como lo define Alberto Carrasquilla, “es una ‘locomotora’ generadora de equidad, prácticamente la única política social que verdaderamente beneficia a la población más pobre.”
(*) Gerente General de Coosalud