La crisis de la salud es innegable y hay consenso sobre la urgencia de buscarle una solución. En lo que no hay acuerdo es en la forma de hacerlo. El Gobierno decidió comenzar por ordenar las finanzas de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), imponiéndoles normas similares a las que deben cumplir las aseguradoras, en términos de capital mínimo, patrimonio adecuado (solvencia) y reservas. Al fin de cuentas, tienen un negocio parecido.
Aunque la idea de ajustar las finanzas de las EPS para proteger los recursos del sistema y garantizar los pagos a las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) tiene un respaldo mayoritario, lo que no gusta a muchos de los actores del sector es la forma en que se va a implementar. Para algunos, el Gobierno es blando con las EPS, al darles un plazo de 7 años para que cumplan con la exigencia de tener un capital mínimo de $9.110 millones y empiecen a constituir reservas, que posteriormente tendrán que invertir en activos financieros.
Para las EPS, el tiempo es insuficiente; opinan que debería haber sido de 10 años, y es además justo que se les dé plazo, pues al sistema financiero cuando vivió su crisis a finales de la década de los 90 le dieron tiempo y créditos para recuperarse.
La molestia de las EPS está en que si no tienen el capital suficiente –que se deberá ir completando de forma gradual: 10% en diciembre de este año, 20% en 2016 y así sucesivamente hasta llegar a 100% en el año siete (2022)– serán sus accionistas los que pongan el faltante, de lo contrario no podrían seguir operando.
Esa expectativa hizo que, tras anunciar el decreto de habilitación financiera de las EPS (2702 de 2014), oficializado en diciembre pasado, se dijera que este iba a llevar a la desaparición de varias de estas empresas, en particular las del régimen subsidiado.
Elisa Torrenegra, presidente de Gestarsalud, gremio de las EPS del régimen subsidiado, explica que cumplir con el capital mínimo no sería un problema si el gobierno nacional y los gobiernos locales les pagaran el dinero que les adeudan, que estima son unos $1,2 billones. “Entendemos que hoy el Gobierno tiene dificultades para pagar”, admite, pero agrega que ese panorama se complica si se tiene en cuenta que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) –valor que reconoce el sistema a las EPS por cada afiliado, para garantizar la prestación de los servicios de salud– del régimen subsidiado, sigue siendo inferior a la del contributivo, pese a que ya se igualaron las coberturas, lo que complica más las finanzas del sector.
Torrenegra propone que para que no se afecte el servicio y las EPS del subsidiado sigan operando, el Gobierno les ayude a buscar financiación para el dinero que les falta, que bien podrían ser créditos de multilaterales. “Esos créditos nos ayudarían a resolver el problema, mientras nos pagan las deudas pendientes. El problema nuestro es el pasado, que nos reduce la liquidez de hoy”, insiste.
Algo similar opina Jaime González, gerente de Coosalud, una de las mayores EPS del régimen subsidiado. Dice que si bien su empresa ya cumple con el patrimonio mínimo, le preocupa la nueva exigencia de constituir reservas, pues no solo se deben guardar recursos para responder por lo conocido –lo ya facturado y autorizado–, sino también lo desconocido –urgencias o servicios prestados en entidades que no están dentro de la red de cada EPS–.
“El problema es que el sistema de salud ha jugado al debe y en esas cuentas por cobrar a gobiernos locales y al Fosyga es donde está la plata de las reservas”, dice.
¿Aseguradoras?
Para González, uno de los problemas del decreto de habilitación financiera es que les otorga a las EPS las mismas responsabilidades de las aseguradoras en el manejo financiero, pero no en el operativo, pues no tienen libertad para contratar servicios con el prestador que le resulte más eficiente, sino que deben hacer un porcentaje obligatorio con la entidades prestadoras de salud del Estado –hospitales públicos–.
En eso coincide Jaime Arias, presidente de Acemi, gremio de las EPS del régimen contributivo. Si bien sus afiliadas ya cumplen con el tema de patrimonio, pues desde 2007 vienen acatando normas en ese sentido, con el decreto de habilitación esos requisitos se vuelven más exigentes. “No nos pueden igualar con las aseguradoras, porque ellas pueden manejar sus pólizas y primas, mientras nosotros tenemos tarifas predefinidas”, precisa.
La idea es que las reservas se hagan con los recursos que les giran por UPC, que ascienden a unos $35 billones anuales –en contributivo y subsidiado–, pero Arias aclara que es difícil guardar parte de un dinero que no les giran completo.
Otro tema que va a cambiar es que las reservas tienen que ser invertidas en activos líquidos, principalmente CDT y, en el caso de las EPS del régimen contributivo, el lío está en que desde 2008, cuando empezaron a constituir reservas –de las cuales tienen hoy $3 billones–, se les permitía incluir allí la plata que les debía el Fosyga, pero ahora eso no se va a poder hacer. “Es un tema contable, pues la idea es cambiar un activo que se volvió malo, por las demoras del Fosyga, por uno de alta liquidez, como los CDT. El problema es de dónde va a salir la plata para comprar los CDT, si los giros de la UPC también se atrasan”, sostienen en Acemi.
El gremio estima que las EPS del contributivo tendrían que tener en reservas unos 2,5 meses de sus gastos guardados en CDT, lo que equivale a unos $4 billones.
Norman Julio Muñoz, superintendente de Salud, explica que este decreto le da estabilidad financiera a la operación de las EPS y si bien implica un esfuerzo grande, el impacto es más fuerte para aquellas con menos de un millón de afiliados. Estas podrán buscar alternativas como asociarse.
En junio, el supervisor hará un primer corte de cuentas para ver cómo van las EPS en el cumplimiento de las nuevas normas y que presenten sus planes para alcanzar en diciembre 10% del capital mínimo requerido.
Muñoz admite que algunas de las quejas con respecto a que las EPS no son iguales a una aseguradora pueden ser ciertas, pero no definitivas, pues su negocio debe ser altamente regulado y el hecho de que deban contratar con los hospitales estatales no es del todo malo, dado que estos han venido mejorando y son los únicos con cobertura nacional.
“El sector de la salud vivió una dura crisis financiera entre 2008 y 2010, casi de insostenibilidad. Por eso, para que se recupere, hay que darles tiempo a las EPS, pero también hay que hacer inversiones adicionales”, enfatiza el Supersalud. Ojalá este decreto tape, al menos, uno de los tantos huecos del sistema.