El sector salud viene arrastrando una serie de dificultades causadas desde el momento mismo de la promulgación de la Ley 100 de 1993. Ésta se diseñó bajo unos supuestos macroeconómicos, operativos y de financiamiento, los cuales no se cumplieron:
En lo económico se estimaron crecimientos del 4% anual, altas tasas de recaudo de impuestos y generación de empleo. Con esto se reducirían las brechas de desigualdad que existían en el país, y los empleados contribuirían al pago de su seguro de salud, mientras que las personas de bajos ingresos tendrían un seguro subsidiado con las cotizaciones de los empleados y con recursos del sistema general de participaciones (impuestos). En lo operativo, se crearon dos subsistemas, contributivo y subsidiado, con una relación de 2 a 1, con planes de beneficios diferentes que se igualarían en el año 2.000
La realidad fue, que tras la apertura económica a principios de los 90, se generó un aumento de las importaciones, en menoscabo de los producción nacional, lo que se tradujo en aumento del desempleo, que sumado a la crisis política presentada en el cuatrenio 94-98, y la crisis financiera del año 99, generaron la “Gran Recesión” Colombiana.
Las consecuencias de esta situación política y económica se manifestaron en toda la agenda social del país, pero su mayor impacto estuvo en el sistema de salud. Los afiliados subsidiados fueron y siguen siendo más que los que contribuyen al sistema, los planes solo se igualaron en el 2012, y la prima no creció al mismo ritmo de las tendencias demográficas y tecnológicas, por tanto ha sido deficitaria.
En adición, los servicios y biotecnologías no incluidas en el plan de beneficios, así como los socio-sanitarios (cuidadores, hostales, gastos de transporte, pañales, entre otros), con cargo a los recursos del sistema de salud, han generado una gran deuda al sistema que ha puesto en jaque las finanzas de los actores.
Para conjurar la crisis, el gobierno nacional intervino definiendo nuevas reglas de operación e incorporando recursos frescos al sistema: condiciones de solvencia financiera para las EPS, y acceso a recursos con tasas compensadas.
Los nuevos recursos no entraron (la caída de los precios del petróleo en 2014, obligaron al gobierno a ajustar su marco fiscal de mediano plazo), y las EPS se han visto a gachas para cumplir con las condiciones de solvencia.
Esto ha devenido en una crisis financiera de grandes proporciones, que puede convertirse en una crisis sanitaria.
El acuerdo de punto final ha pretendido sanear la cartera del estado con EPS, Clínicas y hospitales. Pero la crisis va a una velocidad mucho mayor de la solución. Esto ha provocado que algunas empresas se vean abocadas a medidas por parte de la supersalud y los afiliados sean traslados a otras empresas.
La solución a esta crisis es la implementación del acuerdo de la Ley de Punto final, así como la definición de los contenidos de los planes de beneficios. En el entretanto, los afiliados están y seguirán siendo atendidos por las otras EPS, garantizando el goce efectivo al derecho a la salud.
De todos modos, esta serie de dificultades no desconoce los actos de corrupción de algunos actores.